Funcionarios estadounidenses visitaron Guatemala para discutir temas de gobernabilidad y fortalecimiento de la democracia

Foto de archivo de Philip Gordon, asesor de seguridad nacional de la vicepresidenta Kamala Harris. EFE/EPA/ALBERTO ZAWADA

Una delegación de funcionarios de Estados Unidos llegó este lunes a Guatemala para discutir temas de gobernabilidad y fortalecimiento de la democracia.en medio de una crisis por las intervenciones judiciales en los resultados de las elecciones celebradas este año.

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La delegación estadounidense está encabezada por Felipe GordonAsesor de Seguridad Nacional del Vicepresidente, Kamala Harrissegún ha informado el Gobierno estadounidense en un comunicado.

Durante su visita, Gordon se reunirá con autoridades del gobierno guatemalteco, así como con líderes de la sociedad civil y del sector privado para “abordar la cooperación bilateral y la importancia de fortalecer la democracia y el Estado de derecho”, indicó la misma fuente.

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La delegación de Estados Unidos también incluye al administrador adjunto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (TU DIJISTE), Isobel Coleman, para discutir las causas estructurales de la migración.

La visita se da en medio de un proceso de transición de poder sin precedentes en Guatemala, debido a los reiterados intentos del Ministerio Público (Fiscalía) de revertir la victoria del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

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Desde el 1 de septiembre, Arévalo de León ha denunciado públicamente que la Fiscalía, encabezada por Consuelo Porras Arguetalidera un intento de “golpe de Estado” para impedirle asumir el cargo el 14 de enero.

El Gobierno de Estados Unidos ha condenado la actuación de la Fiscalía y ha sancionado a la mayoría de miembros de su dirección y fiscales que han liderado operaciones contra las elecciones celebradas el 25 de junio y el 20 de agosto.

Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/WILL OLIVER

Piden retirar fuero a dos diputados del partido de Arévalo

La Fiscalía de Guatemala solicitó este miércoles la retiro de inmunidad a los diputados Aldo Dávila, del partido WINAQ, y Román Wilfredo Castellanos, del Movimiento de semillas, por la toma de la Universidad de San Carlos, una acción de protesta contra el proceso de elección de un nuevo rector de la institución estatal.

El Ministerio Público indicó en un comunicado que ambos cometieron posibles delitos de “usurpación agravada, depredación de bienes culturales y sedición, todo ello de forma continuada”, así como “tráfico de influencias y asociación ilícita”.

La toma de la universidad fue una protesta que se inició en abril de 2022 contra el rector Walter Mazariegos por haber sido designado para el cargo mediante un proceso fraudulento, según informaron en su momento varias asociaciones de estudiantes.

Las manifestaciones, a las que asistieron estudiantes, miembros de organizaciones civiles y políticos, se intensificaron en junio de este año cuando se entregaron las instalaciones del campus a las autoridades guatemaltecas, aunque en ese momento no estaba presente ninguna representación oficial para el traslado y el proceso. Se hizo a través de notario.

La previa al juicio también afecta a los diputados Carlos Barreda, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS); Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, así como el diputado electo Raúl Barrera, del mismo partido, y Adán Pérez, de WINAQ, según informó el diario La Prensa.

La Fiscalía ha emprendido diversas acciones para descalificar los resultados de las elecciones o ilegalizar al partido político, en alusión a la toma de la universidad y el financiamiento de Semilla, entre otras.

De hecho, la Policía Nacional, por orden del Ministerio Público, ha realizado numerosos allanamientos contra domicilios de simpatizantes y afiliados de Semilla en el marco de su investigación contra la formación por un presunto delito de blanqueo de capitales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluyó el proceso electoral a finales de octubre, oficializando así los resultados de los comicios de agosto en los que resultó ganador Arévalo, quien asumirá como presidente el 14 de enero.

Según la Fiscalía, el partido político habría cometido un delito de lavado de dinero u otros bienes, ya que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos (unos 22.300 dólares) por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse.

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