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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un pleno de la Asamblea de Madrid (Gustavo Valiente/Europa Press)
El sector progresista del Pleno de la Corte Constitucional ha hecho valer su mayoría y ha avalado este martes el impuesto a las grandes fortunas al rechazar el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso. Según fuentes del tribunal de garantías, el Pleno ha apoyado con siete votos a favor y cuatro en contra la presentación de la magistrada María Luisa Balaguer, que abogó por desestimar los argumentos del Ejecutivo madrileño.
El impuesto solidario temporal a las grandes fortunas, aprobado para los años 2023 y 2024, afecta a patrimonios netos superiores a tres millones de euros, que corresponde al 0,1% de los contribuyentes en España. El impuesto se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se realiza entre el 1 y el 31 de julio. El gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez Presentó la medida como un avance progresivo en la política fiscal.
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Tras su aprobación en el Congreso de los Diputados, la Ejecutiva del comunidad de madrid impugnó el citado impuesto al entender que el Gobierno central invadió las competencias de las comunidades autónomas en materia fiscal y financiera. Además, sostuvo que el impuesto provocará pérdidas a las arcas públicas de la región de entre 1.200 y 1.600 millones al año, ya que frenará las inversiones extranjeras en la Comunidad de Madrid.
La votación del Pleno del TC ha tenido como resultado votos privados de los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, que optaron por admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los siete magistrados progresistas han hecho valer su mayoría en el pleno y han respaldado la medida del Gobierno de coalición.
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Los argumentos del TC
La resolución del Constitucional descarta que se haya vulnerado la autonomía financiera, ya que el impuesto a las grandes fortunas “es complementario” del patrimonio-impuesto de titularidad estatal transferido a las comunidades autónomas- de manera que el importe pagado por éste se descuenta para determinar el importe del nuevo impuesto.
“El mínimo exento, el tipo, las deducciones y las bonificaciones IP aplicables en la Comunidad de Madrid seguirán siendo, única y exclusivamente, los que ésta decida, sin que el impuesto sobre las grandes fortunas suponga cambio alguno”, añade la resolución.
Entonces, la “queja real” de la Comunidad de Madrid Para el TC, es que aquellos de sus residentes con patrimonio superior a los 3 millones de euros -los únicos que están sujetos al impuesto a las grandes fortunas- tendrán que pagar el nuevo impuesto estatal, con lo que Madrid “pierde atractivo fiscal para atraer dicha riqueza.” a su territorio”.
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