La líder de Sumar, vicepresidenta y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, participa en un foro del Club Vanguardia, en el Colegio de Abogados, el 5 de octubre de 2023, en Barcelona. (Lorena Sopêna/Europa Press)
Sumar cree que la ley de amnistía debería diferenciar las responsabilidades de los cargos públicos y políticos de las de las fuerzas de seguridad del Estado durante el proceso del 1 de octubre y aboga por que la ley abarque “todas las situaciones políticamente pendientes”. El diputado de Sumar y portavoz parlamentario de IU Enrique Santiago indicó este viernes en rueda de prensa que La ley no debe dejar abiertas responsabilidades judiciales que, de continuar, impediría una solución política acordada.
“No tiene sentido dejar abiertas responsabilidades por hechos que no han quebrantado a España y que, de mantenerse abiertas, lo único que harían es dificultar esta solución política acordada”, afirmó, horas después de que el líder de su partido, Yolanda Díaz, ha anunciado que el próximo martes presentará el dictamen jurídico de Sumar sobre la amnistía. Un texto en el que sigue trabajando, ha apuntado, y donde la exposición de motivos argumentará los artículos de la ley para dejar claro su “espíritu” y no dar lugar a interpretaciones diferentes.
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Santiago ha explicado que una ley de amnistía afecta la conducta y emana del Legislativo, por lo que difiere de los indultos, que se refieren a sentencias y son dictadas por el Ejecutivo. En este sentido, fuentes de Sumar indican que La ley afectaría la conducta ya sea que hayan sido condenados penalmente o se encuentren en proceso abierto.. En el primer caso, quien se beneficie de la amnistía podría solicitar la anulación de la sentencia y en el segundo el sobreseimiento del caso.
La sentencia de Sumar sobre la amnistía “no es la posición del PSOE”, ha afirmado Félix Bolaños.
El caso de Oriol Junqueras
De esta forma, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, indultado por el delito de sedición pero con pena de inhabilitación, podría solicitar su nulidad para poder ejercer cargos públicos. Sin embargo, la ley de amnistía –que fijaría un marco temporal de fechas en las que ocurrieron los hechos– también afectaría la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quienes acataron órdenes y no consideran que hayan cometido delito. .
Yolanda Díaz (2d), Carles Puigdemont (2i), Jaume Asens (1i) y Antoni Comín (1d) durante una reunión en el Parlamento Europeo, el 4 de septiembre de 2023, en Bruselas (Bélgica). (PRENSA EUROPA)
“La patata caliente”, dicen otras fuentes del grupo parlamentario que consideran que puede haber mecanismos, como la renuncia a la acción penal, para eximir de responsabilidad a los agentes sin tratarlos como si hubieran cometido un delito. De este modo, los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que son procesadosaquellos que no tengan condenas impuestas y que entiendan que la amnistía también tendría que abarcar, recibirían un trato diferenciado que no implicaría prejuzgar que han cometido actos ilícitos.
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Según Sumar, la cuestión es que la ley de amnistía no entra en detalles y señala de manera general las conductas afectadas por los hechos surgidos a partir del 1 de octubre de 2017, aunque luego especifica si existen procedimientos penales, administrativos o de otro tipo.
Durante la conferencia de prensa, Enrique Santiago defendió la plena constitucionalidad de la amnistía, ya que está contemplada en las leyes de Procedimiento Penal y Memoria Democrática y el decreto sobre responsabilidades de los funcionarios sin que ninguna de estas normas haya sido recurrida por inconstitucionalidad.
Información elaborada por Efe
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