(Pablo Lupa)
El juez en lo civil y comercial de segunda postulación de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzinifirmó la resolución que rechaza la aprobación del acuerdo presentado por vicentín para salir de la quiebra. De esta manera, abrió el camino para la represión o rescate a partir del próximo lunes.
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El fallo, si bien rechaza las impugnaciones presentadas por actores del proceso como el Banco Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Provincia, el Banco de Inversión y Comercio Exterior y Commodities -acreedor granero privado- termina por no aprobar el acuerdo propuesto.
La disposición está contemplada en el Ley de Quiebras y Concursos Dar continuidad a una empresa a partir de la presentación de ofertas por parte de los interesados en gestionar la empresa.
La misma norma contempla que el propio concursado, es decir, Vicentin, pueda presentarse en el periodo de competencia (cramdown) que se extenderá hasta finales de septiembre.
El Presidente de la Nación, Alberto Fernándezcompartió el fallo a través de su cuenta de Twitter, pero evitó dar su opinión al respecto.
El mensaje en las redes de Alberto Fernández
Por su parte, el consejo de administración de la empresa emitió un comunicado informando que, “en ejercicio de sus legítimos derechos, Vicentin recurrirá la resolución por ser manifiestamente arbitraria e infundada, solicitando además la suspensión inmediata de sus efectos para evitar la creación de daños irremediables”.
¿Qué dice el fallo?
El juez argumentó el rechazo al señalar en una resolución de 27 páginas que “el impedimento (a la homologación) surge de la desigual distribución del esfuerzo entre los acreedores y la empresa concursada”.
La resolución “encuentra su fundamento en la existencia de un esquema que genera una transferencia excesiva e injustificada del pasivo concursal a las espaldas de aquellos acreedores que no reciben el 100% de sus deudas dentro de los primeros 365 días de la propuesta”, añade la carta.
Para Lorenzini, la propuesta presentada por Vicentin, que cubría el 100% de los créditos de 816 acreedores con el pago de USD 30.000, no contempla, sin embargo, en igualdad de condiciones al resto de los mayores acreedores, que terminarían de cobrar en 12 años y con una reducción cercana al 80 por ciento.
Vicentin incumplió sus pagos en diciembre de 2019. (Pablo Lupa)
Así, sostuvo que el acuerdo que Vicentin pidió aprobar “no ofrece lineamientos claros para los acreedores que tendrán que esperar 12 años para cobrar el saldo de sus créditos”.
Entre otros elementos, la resolución señala que “del análisis realizado a los contratos vinculados acompañados no se desprende cuál será el resultado financiero de su titularidad; No organiza sistemas que respeten la libertad de los acreedores (por ejemplo, mediante un retiro programado de acciones privilegiadas, o la recepción de dividendos, o el pago de intereses)”.
De esta manera, el juez rechazó la propuesta de pago presentada por la agroexportadora santafesina que incluía la transferencia de acciones a los llamados “interesados estratégicos”, que eran Bunge SA; la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra SA (antes Glencore, con la que Vicentín sigue siendo socio en la planta de trituración de Renova).
La propuesta
Vicentin, la principal empresa agroexportadora de capital argentino, entró en default en diciembre de 2019 y en marzo siguiente solicitó su quiebra preventiva, con créditos verificados por casi USD 1.500 millones.
La propuesta contaba con las mayorías de acreedores y capital exigidas por la ley, pero el juez indicó que ese requisito “no es suficiente para obtener la aprobación judicial” del acuerdo.
Respecto de las acciones que Vicentin ofreció a través de un fideicomiso, el juez determinó que “los acreedores no tienen la alternativa de transferir libremente sus certificados de participación en el fideicomiso, antes del plazo establecido para su redención definitiva”.
“Tampoco se contempla un eventual dividendo sobre las acciones por parte de sus tenedores, mediante el cual se podría generar un mecanismo que justifique tan larga espera, en caso de que la rentabilidad de la empresa fuera superior a la proyectada”, agregó.
Los postores deberán realizar un depósito de garantía de USD 100 mil.
Los postores interesados en la continuidad de la agroexportadora deberán realizar un depósito de garantía de USD 100.000.
Al mismo tiempo, el juez instruyó a la Sindicatura de Competencia para que presente, en un plazo máximo de 5 días hábiles, “un cronograma definitivo para el período de competencia” que podrá ser acordado con la intervención de la empresa.
La expropiación fallida
En junio de 2020, seis meses después de que la empresa incumpliera, el presidente Alberto Fernández anunció que el Estado nacional intervendría en la exportadora de cereales, en el marco de un proyecto de revitalización alimentaria.
“El Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar; para que siga funcionando y sus trabajadores tengan la tranquilidad de seguir trabajando, al igual que los productores que venden lo que producen”, había justificado el dirigente nacional.
La idea del Gobierno era hacerse con el control del 51% de la empresa que ya estaba en quiebra.
Miles de manifestantes protestaron contra el intento de expropiación de Vicentin en 2020. Cerito Pablo Lupa
El anuncio generó absoluto rechazo por parte de las autoridades de la empresa y sus trabajadores, quienes se manifestaron junto a miles de personas en la localidad de Avellaneda, donde nació la empresa.
Luego, el Gobierno Nacional dio marcha atrás y propuso al juez de la junta de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, dejar de lado el proyecto de expropiación de la cerealera a cambio de aceptar a sus intervinientes.
Sin embargo, Lorenzini se pronunció en contra del avance del Gobierno y los intervinientes, que se habían presentado en las oficinas de Avellaneda y Santa Fe, debieron abandonar las instalaciones.
Con información de Télam
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Source: pagasa.edu.vn