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Imagen de archivo de la Mesa del Congreso. (Prensa Europa)
La Junta del Congreso, órgano rector de la Cámara de Representantes, ha dado su aprobación a la tramitación de la ley de amnistía al calificarlo en su reunión de este martes. La mayoría de PSOE y Sumar han votado a favor de que la norma comience a moverse en el Congreso al ser admitida a debate en el Pleno, previsto para el 12 de diciembre, según fuentes socialistas de la Mesa.
Este paso formal cuenta con el aval de los abogados, quienes en un informe dirigido por el nuevo secretario general, Fernando Galindo, no ven elementos “evidentes y evidentes” de inconstitucionalidad. El equipo jurídico del Congreso entiende que “no parece haber elementos suficientes en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional” para estimar si el proyecto de ley registrado por el PSOE con el consenso de los partidos independentistas y nacionalistas viola la Carta Magna.
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En este sentido, los abogados explican las diferencias con el proyecto de ley de amnistía de los independentistas, rechazado por la Mesa del Congreso en 2021 porque se consideró inconstitucional en su momento. encubrir un indulto generalalgo que la Constitución prohíbe expresamente.
En cualquier caso, el PP ha impugnado al secretario general al considerar que “su participación vulnera los principios legales de imparcialidad y objetividad por haber sido miembro del Gobierno hasta su nombramiento en la Cámara Baja”. Galindo fue, primero, director general de Cooperación Autonómica y Local y luego subsecretario del Ministerio de Política Territorial hasta el 31 de octubre de 2023, dos días antes de ser nombrado secretario general del Congreso.
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La ley de olvido penal para los perseguidos por el procés inicia su tramitación en el Congreso, un camino que PP y Vox intentarán torpedear. El PSOE no quiere presentarse con la norma, pero su camino será urgente, por lo que en enero, si se habilita, podría dirigirse al Senado.
periodo de un mes
En la Cámara Alta su tramitación será diferente, ya que el PP ha utilizado su mayoría absoluta para modificar la normativa y evitar que una ley tramitada de urgencia en el Congreso tenga el mismo carácter en el Senado. En cualquier caso, esta institución tiene un plazo de dos meses para completar la tramitación de una ley.
La Junta ha adoptado esta decisión entre las advertencias de Vox de demandar a sus miembros por calificar un proyecto de ley, una decisión que consiste básicamente en permitir que sea debatido y votado en el Pleno del Congreso. En este sentido, el primer secretario de este organismo, Gerardo Pisarello (Sumar), recordó que la Junta admitió a trámite la semana pasada la “aberración política” de Vox, en referencia a un proyecto de ley para ilegalizar los partidos independentistas.
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El diputado de los Comunes ha defendido la norma, “fundamental para superar una situación política enquistada desde hace años”. Además, ha subrayado que es “jurídicamente sólido” y permitirá que “lo que nunca debería haber salido de allí vuelva al debate político”. “Habrá una ley de amnistía pese a que el Partido Popular pida a gritos”, ha prometido.
Más allá de la respuesta política y social a la ley, el nuevo Ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha llamado a un debate “que busque la convivencia, donde prevalezca el patriotismo y no el partidismo, la moderación y no la exageración, las verdades y no las falsedades”. El titular de la Presidencia también hizo estas declaraciones tras recibir la cartera de parte de Pilar Llop, en un contexto en el que ha prometido que desempeñará su cargo con “respeto al Estado de derecho, a la separación de poderes, al Estado de derecho y a la Constitución”. “Así es como siempre lo hemos hecho”.
Pedro Sánchez anunció este lunes la composición de su nuevo Gobierno, que se reunirá este martes en su primer Consejo de Ministros.
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