Debate sobre la Ley de Alquiler
Hace unos días la Cámara de Diputados de la Nación se reunió y dio media sanción a una reforma al ley de alquiler tras un arduo debate sobre los efectos que tuvo en la oferta de inmuebles en alquiler y los valores de los contratos.
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Esta discusión se da en un contexto de crisis económica, inflación acelerada y clamor de grupos de inquilinos y cuestionamiento de agencias inmobiliarias y propietarios por la crítica situación imperante.
Sin duda, se trata de un tema controvertido y complejo en el que existe una clara tensión de intereses en juego, entre los propietarios y quienes deben alquilar para tener una residencia, además de los de las inmobiliarias, los inversores del mercado inmobiliario, los brokers , etc. .
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Las diferencias ideológicas también permean la discusión según ¿Cuánta intervención estatal? en el mercado está dispuesto a promocionar.
Este es un caso paradigmático de las complejidades de la toma de decisiones políticas, donde las transacciones, la mediación entre todos los intereses en juego, la posibilidad de expresar diferentes voces y una deliberación amplia, abierta y transparente son fundamentales para llegar a soluciones que consideren todos los intereses involucrados. .
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El debate parlamentario no se desarrolla exactamente en un laboratorio. En casos como éste frecuentemente hay intereses particulares de los legisladores que inevitablemente influyen en sus puntos de vista y moldean sus opiniones y el significado de sus votos.
A diferencia de lo que ocurre con otros funcionarios, como los jueces, donde la excusa puede servir para evitar que intereses particulares contaminen las decisiones que deben tomar en el ejercicio de su función, en el Congreso el tema es más complejo ya que, por definición, los legisladores representan a muchos de estos intereses y son una muestra de su distribución en la sociedad.
Esta distribución no necesariamente será representativa de lo que sucede en la sociedad respecto de cada tema a decidir.
Esto es lo que sucede según indica una investigación periodística publicada en el diario Diagonales, que demuestra que gran parte de las personas que integran la Cámara de Diputados de la Nación son propietarios de inmuebles y obtienen ingresos de su ubicación, mientras que muy pocos son inquilinos.
Otros casos en los que la existencia de intereses privados superpuestos al trabajo legislativo fueron: la discusión sobre la expropiación del 51% de las acciones de YPF, donde varios legisladores eran propietarios de acciones de la empresa; la transferencia de la depósitos bancarios judiciales de tribunales nacionales y federales, donde el miembro informante del proyecto era un conocido líder de un banco competidor; ola resolución 125donde incluso un senador fue denunciado por no haberse excusado a pesar de ser también un importante empresario agrícola.
La oferta de alquileres cayó durante la vigencia de la ley
El análisis y difusión periodística que se ha realizado con motivo de la discusión ahora pendiente en el Senado demuestra La importancia de publicar las declaraciones juradas de patrimonio. para que los ciudadanos conozcan estos intereses, para generar un debate más informado, exigir una mejor rendición de cuentas y, en su caso, orientar el voto en futuras elecciones o participar más activamente en organizaciones o partidos que encarnan intereses que hoy no están suficientemente representados.
La supervisión y conocimiento de estos intereses reales o potenciales tiene mayor relevancia en sociedades cada vez más desiguales, como la argentina, y por tanto tiene un profundo significado democrático.
Lamentablemente el Congreso Nacional Carece de una oficina cuyo objetivo sea asesorar, controlar y publicar cuestiones de integridad. de los legisladores, como sus negocios o el registro y publicidad de regalos y viajes. Esto sucede a pesar del tiempo transcurrido desde la reforma constitucional de 1994, que introdujo expresamente en el artículo 36 del texto constitucional la relevancia de la ética en el servicio público y el mandato de que se emita una ley sobre el tema.
La ley actual no resuelve adecuadamente el problema de los conflictos de intereses de los legisladores de la Nación, que son mucho más relevantes para la República que temas como el del diputado que protagonizó una escena sexual con su pareja en plena sesión virtual. , que paradójicamente debería haber dimitido inmediatamente.
En el cuarto de siglo de su vigencia, no hay casos en los que algún legislador se haya excusado expresamente de debatir o decidir un tema por la existencia de un conflicto con sus intereses particulares, aunque algunos con prudencia -aunque opcionalmente, sin transparencia y sin control-. – han optado por excusarse o ausentarse en algunas ocasiones cuando consideraron que había un conflicto, como ocurrió con algunos diputados deudores de créditos hipotecarios UVA cuando se debatía un régimen especial que los beneficiaba.
Durante mi mandato como diputado nacional propuse introducir un artículo que obligaría a los legisladores a expresar la existencia de posibles conflictos de intereses a las autoridades parlamentarias y a otros legisladores antes del tratamiento de los proyectos, con el fin de promover un debate más transparente y leal.
En el mismo sentido, el proyecto ley de ética pública presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en tiempos del presidente Macri -que nunca fue discutido por el Congreso- contemplaba la obligación de los diputados y senadores nacionales de comunicar los intereses privados que tuvieran en relación con los proyectos en cuya sanción intervinieran.
También se puede pensar en establecer límites a las iniciativas de proyectos o votar sobre temas en los que el interés particular del legislador sea relevante.
Ideas y proyectos como estos merecen ser analizados ya que el cuestionamiento que hoy se vive en relación a las modificaciones a la ley de alquileres actualiza la conveniencia de mejorar la regulación actual en materia de transparencia legislativa.
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Source: pagasa.edu.vn