Télam 162
Ante el anuncio de que el diputado nacional victoria villarruel presidirá un acto de homenaje a la víctimas del terrorismo este lunes en la legislatura porteña, voceros del gobierno, así como del organizaciones de derechos humanos, Cooptados hace tiempo por el kirchnerismo, salieron a repudiar la iniciativa con el argumento de que pone en peligro acuerdos democráticos básicos y contradice nuestro ordenamiento jurídico e incluso tratados internacionales. Una tontería.
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También parecen ignorar que en 2017 el Asamblea General de las Naciones Unidas instituido el 21 de agosto como Día Internacional en Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismoy señaló la “responsabilidad principal” de los Estados miembros de la ONU “de apoyar a las víctimas del terrorismo y defender sus derechos”.
Además, resulta difícil ver cómo la memoria y el homenaje a quienes fueron asesinados, deliberadamente o como daño colateral, en actos violentos perpetrados por organizaciones armadas -las más graves de ellas en democracia- puedan afectar la legalidad actual.
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Entre las víctimas no reconocidas por el Estado se encuentran, por ejemplo, soldados conscriptos que murieron resistiendo el asalto al regimiento de Formosa, en diciembre de 1975, jóvenes en su mayoría procedentes de familias muy humildes, esas a las que dicen representar quienes promueven el sectarismo en materia de derechos humanos.
Hermindo Luna, (2º desde la izquierda), soldado argentino asesinado en Formosa, junto a sus hermanos
Lo que se ve afectado, sin duda, es La historia sectaria y parcial. impulsado por un Gobierno que encontró en los derechos humanos una coartada ideal para todos sus “pecados” -por acción u omisión- y un instrumento de división de los argentinos.
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Usted también puede verse afectado El status quo de las organizaciones. ¿Qué han hecho con la “Memoria”? una forma de vida y un ascensor hacia una supuesta superioridad ética. No importa si en el camino se olvidan a otras víctimas de la violencia de los años 70, y, con el argumento de que una violencia no puede equipararse a otra -quizás abonable-, quienes Promovieron la violencia contra un gobierno constitucional allanando el camino para el golpe.
Los kirchneristas siempre se jactaron de su política de derechos humanos, por lo que, dicen, el mundo nos admira. Pero la realidad es que nunca tuvieron una política de derechos humanos, porque los derechos humanos se defienden en el presente. Lo que promovieron fue un uso oportunista y condescendiente del pasado; una instrumentación que reabrió heridas y impedido de consolidar una unidad nacional que habría constituido el verdadera justicia respecto del desacuerdo y la división, bases de la tragedia de los años 70.
Él Triste balance de estos 40 años de democracia. es el juez implacable de lo que no pudimos dejar atrás. Países que atravesaron procesos mucho más violentos y fratricidas que los nuestros optaron por soluciones políticas para dedicarse a construir el futuro. Eso sí merece admiración.
El kirchnerismo calificó de Memoria lo que fue un relato parcializado y sectario. En seguida, demonizó las palabras Olvido y Perdónpero la mayoría de los pueblos que han llevado a cabo transiciones exitosas, desde la dictadura o la guerra civil hacia la democracia y la paz, demuestran, como dice el historiador estadounidense David Rieff (en Elogio de Olvido, 2017), “la memoria histórica puede ser tóxica y A veces lo correcto es olvidar”.
Argentino del Valle Larrabure, coronel argentino asesinado por el ERP, junto a su familia. Es una de las víctimas que serán homenajeadas en la Legislatura. La Iglesia lo considera un mártir por la forma en que afrontó su calvario
Aquí están los ejemplos de la guerra civil Españolade Irlanda del Nortedel primero Yugoslaviade Ruandadel Sudáfrica después del apartheid…
La memoria histórica puede a veces causar más daño que el bien que supuestamente persigue, afirma Rieff, porque suele ser selectiva, arbitraria, divide a los protagonistas en réprobos y elegidos, rescata ciertos hechos y olvida otros. En el caso de los Balcanes, Rieff dice: “Casi cualquier paz, por injusta que fuera, era infinitamente preferible al castigo incesante de la muerte, el sufrimiento y la humillación”. También en Ruanda, a pesar del genocidio, se dio prioridad a la necesidad de reconstruir la nación sobre los juicios que habrían obligado a procesar y condenar a decenas de miles de personas.
el jurista Jaime Malamud Goti, quien junto a Carlos Niño diseñó la política para los juicios a las Juntas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, retratado en la película Agentina 1985, fue también asesor internacional en otras transiciones políticas difíciles. En su libro Crímenes de Estado. Dilemas de la Justicia (Hammurabi, 2016), se pregunta: “¿Los juicios contribuyeron a consolidar la democracia argentina?”
Es la pregunta clave, porque sino no se entiende qué justicia se persigue. Malamud Goti sostiene que, a diferencia de lo ocurrido en Argentina, las naciones que viven transiciones difíciles buscan mecanismos para procesar crímenes del pasado que les permitan liberar rápidamente energías para dedicarlas a la reconstrucción: “Ha habido mucho sufrimiento en Argentina, pero no es así”. Mirando hacia el futuro, no veo un movimiento colectivo hacia la construcción de una comunidad”. Y añadió: “Al centrar la culpa en un sector limitado de la población, “Los juicios por derechos humanos reinventan la historia” y “la ‘verdad’ resultante, a menudo percibida como facciosa, es objeto de disputas intratables”.
El abogado Jaime Malamud Goti
Cuando este procesamiento “se prolonga en el tiempo más allá de cierto punto, (…) se vuelve contraproducente”, dice Malamud Goti, porque “desalienta una mayor inspección de los factores que contribuyeron a la brutalidad”. “La lógica dual víctima-agresor desalienta una concepción compleja y matizada del papel desempeñado por los diferentes actores sociales”.
En Argentina los juicios se han convertido en un fin en sí mismos. La llegada de los Kirchner al gobierno marcó un retroceso en todo lo que se había hecho en el país en pos de su pacificación. Al reabrir los juicios violaron principios del derecho universalmente reconocidos: la irretroactividad de la ley penal; Igualdad ante la ley; la limitación de la prisión preventiva, entre otros. Incluso se desconocía la voluntad del Congreso que votó las amnistías.
Otro principio que fue vulnerado fue el de nuestra soberanía jurídica, cuando Kirchner admitió que un juez español -con quien luego se confabularon- asumió la facultad de procesar hechos ocurridos en Argentina.
La ruptura con lo que había constituido una verdadera política de Estado desde la recuperación de la democracia -la reconciliación, la unidad nacional y la defensa de nuestra soberanía jurídica- se justificó en nombre de la “memoria”, palabra que en realidad alude a una revisión maniquea del pasado. que apunta a restablecer las divisiones entre los argentinos. Una venganza que afectó a la institución militar A partir de ese momento fue el combustible de las campañas electorales del kirchnerismo.
Sorprende escuchar al actual vicepresidente decir que “la patria hay que tomarla sin beneficio de inventario”; “ámala completamente”; cuando es lo contrario de lo que inspiró sus esfuerzos.
Para el gobierno que asumió el poder en 2003, Los derechos humanos eran otro elemento del clientelismo de la clase media, particularmente desde una franja progresista reconfortada por una tendencia que permitía la doble impostura de sentirse campeones de una causa y, en el proceso, encontrar en ella un apoyo interesante.
Alberto Fernández con representantes de ONG de derechos humanos (Foto: Presidencia)
Una generación que no entendió el simbolismo del abrazo Perón-Balbín se dedicó años después -en nombre de una memoria parcial- a reinstaurar el sectarismo y anteponer los intereses de la facción a los del grupo.
Es este sectarismo el que lleva al surgimiento de un liderazgo como el de Victoria Villarruel. La sorpresa de quienes apoyaron esta reacción con su terquedad en no reconocer el dolor que infligen las organizaciones armadas cuyas acciones antidemocráticas incluso han reivindicado, como ocurrió en el acto del 24 de marzo de 2017, cuando Exaltaron la lucha armada.
El gobierno Kirchner, que sistemáticamente se negó a reconocer a las víctimas del terrorismo guerrillero, les concedió Indemnización a las hijas del jefe del ERP, es decir, de una organización armada que en 1973 no esperó un solo día para volver a la política antipopular que siempre la caracterizó. Santucho aprovechó la libertad que le dio la amnistía camporista para tomar las armas y sabotear al gobierno recién elegido.
En su afán por ganarse el favor de la izquierda y el progresismo, el kirchnerismo ha caído reiteradamente en el antiperonismo más descarado, reivindicando a los enemigos de la última presidencia de Perón y deslegitimando instituciones esenciales de la Nación.
El General Perón nunca hubiera avalado la degradación de una institución fundacional de la Nación como las Fuerzas Armadas, mediante una estigmatización permanente. Y difícilmente habría entendido que la defensa de los derechos humanos tenga como portavoces a quienes asesinaron José Ignacio Rucci.
Asesinato de José Ignacio Rucci, dirigente sindical, mano derecha de Perón, por las FAR y Montoneros. El 25 de septiembre se cumplirán 50 años de aquel atentado.
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