Tras la denuncia pública de un movimiento de trabajadorex de la policía salvadoreña han salido a la luz varios casos de abusos sexuales a menores atribuidos a soldados salvadoreños.
La mujer entró sin problemas a la comunidad a vender accesorios y ropa para mujeres. Antes era más difícil: los pandilleros que ahí vivían solían poner peros a la llegada de extraños. No esta vez. Había soldados en las calles, varios, que ni repararon en ella. Cuando llegó a la casa de una de sus clientas, la vendedora se topó con otra de las historias de terror que se cuentan en El Salvador desde que el gobierno del presidente Nayib Bukele decretó el régimen de excepción en marzo de 2022.
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A diferencia de otras ocasiones, cuando la mujer llegó a aquella casa, la niña que ahí vive no la recibió contenta, como solía. Tampoco su clienta, la madre de la niña, sabía de sonrisas y buenas palabras aquel día. Lo que la vendedora vio fue una escena de lágrimas y palabras contenidas en la casa rural ubicada en un caserío en las montañas del noroeste salvadoreño. La madre, su clienta, le contó que, amparados por el régimen de excepción, los soldados se habían llevado a su esposo y otros hombres de la comunidad. Luego, los militares volvieron para violarla a ella y a la niña.
La mujer había protestado a gritos por el arresto de su esposo. Los soldados le contestaron como otros militares lo han hecho durante el régimen de excepción, amenazando con que también se la llevarían a ella y a su hija si seguía protestando.
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La denuncia de este caso llegó luego de que la vendedora acudió a una organización no gubernamental de derechos humanos a contar su propia historia. Ella es madre de un joven que fue arrestado y vapuleado por las fuerzas de seguridad salvadoreñas durante el régimen de excepción y, en busca de ayuda legal para su hijo, acudió al Socorro Jurídico Humanitario (SJH), una de las pocas ONG que ayudan a víctimas de los abusos del gobierno Bukele en El Salvador. Ahí contó la historia de su clienta, cuyos detalles SJH ha empezado a investigar.
Ingrid Escobar, del SJH, dijo a Infobae que buscan determinar si en el lugar donde se registró la violación de la niña y su madre hay un patrón. “La denuncia es que los militares han capturado a los hombres para violar a las mujeres y a las niñas. Estamos viendo porque hay por lo menos un caso seguro de esto y más denuncias. Estamos en proceso de investigar si esto es un patrón”, aseguró.
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La denuncia sobre este caso surge a pocos días de que grupo de trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC) hizo público que una patrulla del ejército había participado el 23 de septiembre pasado en la violación de una niña de 13 años en Mizata, en el costero departamento de La Libertad, unos 80 kilómetros al sur de San Salvador, la capital.
Un reportaje del periódico “El Diario de Hoy” reveló que, según testigos de los hechos, los soldados detuvieron a un grupo de personas que regresaban de una playa y que el sargento al mando de la unidad apartó a la niña y la llevó a unos matorrales. De acuerdo con uno de los testigos que habló con periodistas salvadoreños, el sargento dijo que revisaría si la niña “todavía está virgen”.
El sargento, Héctor Ovidio Alvarado Rivera, regresó al poco rato sin la niña según la denuncia. Cuando los soldados se fueron, las personas que habían estado retenidas se dispersaron para encontrar a la menor; la hallaron en el suelo, llorando. El sargento Alvarado Rivera, dicen los testigos, amenazó con aplicar el régimen de excepción a los acompañantes de la menor si se atrevían a denunciarlo.
En el caso de Mizata, sin embargo, sí hubo una denuncia ante la policía. Agentes policiales de la cercana ciudad portuaria de La Libertad arrestaron al sargento Alvarado Rivera y a los otros cinco miembros de la patrulla militar el 25 de septiembre. La única razón por la que el caso fue del conocimiento público es que, en su cuenta en la red social X, el Movimiento de Trabajadores de la Policía colgó una fotografía de los militares detenidos. Altos oficiales de la Fuerza Armada salvadoreña intentaron, sin éxito, mantener la denuncia con un perfil bajo, según confirmó a Infobae Marvin Reyes, del MTP. Se intentó obtener una reacción del mando militar pero no hubo respuesta.
No son casos aislados
A los casos del caserío en el noroeste salvadoreño y de la playa Mizata se suman dos en Puerto El Triunfo, otra ciudad costera, en el oriente del país. En marzo pasado, durante un operativo contra agresores sexuales, la Policía detuvo a otro oficial de la Fuerza Armada, el teniente José Edid Cortez Henríquez, acusado de violar a dos menores y acosar a una adulta. En estos casos, el militar también utilizó la amenaza de aplicar el régimen de excepción a los familiares de las víctimas para evitar denuncias.
El gobierno de Nayib Bukele ha blindado toda la información relacionada a las cifras sobre seguridad pública y a lo relativo al régimen de excepción que su gobierno decretó en marzo de 2022 luego de que un pacto que mantenía con las pandillas MS13 y Barrio 18 se resquebrajó. A partir de entonces, el gobierno ha prorrogado 18 veces el régimen, el cual según la ley salvadoreña es una medida temporal. Organismos como Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos o el Parlamento Europeo han documentado múltiples violaciones a los derechos humanos y las vidas de miles de salvadoreños durante estos últimos meses, incluidos asesinatos por golpizas y torturas en las cárceles del país.
El ejército salvadoreño está desplegado en todo el país desde que el gobierno del presidente Nayib Bukele decretó el régimen de excepción en marzo de 2022.
A esto se suman las violaciones y casos de acoso a niñas y mujeres. Aunque es difícil determinar cantidades exactas de denuncias debido al ocultamiento de información sobre denuncias tanto en la Policía Nacional Civil como en la Fiscalía General de la República, una revisión de informes elaborados por ONG y denuncias de víctimas permiten hablar de al menos 15 casos de abusos sexuales durante el régimen de excepción.
En un informe que publicó a mediados de 2023, la organización Cristosal reveló que 3.1% de las 476 denuncias recibidas por tres de las ONG que reportan casos de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción son por acoso o violaciones sexuales.
En su informe sobre el primer año del régimen, Cristosal asegura que ha documentado casos de “niñas, adolescentes y mujeres que son víctimas de acoso y abusos sexuales por parte de policías y soldados”. En algunos casos, asegura Cristosal, este tipo de acoso ha generado desplazamiento interno en El Salvador: “Ha obligado a las familias a desplazarse o a enviar a las niñas y adolescentes a otros lugares para evitar que sean abusadas o detenidas por no ceder ante el acoso de los agentes de seguridad”.
La situación de acoso y violencia sexual o de género contra las mujeres que describe Cristosal es muy similar a la que informes sobre derechos humanos e investigaciones periodísticas describían cuando eran las pandillas MS13 y Barrio 18 las que dominaban amplios territorios en El Salvador. La diferencia, dice esta organización, es que hoy el agresor es el Estado: “muchas de ellas también fueron víctimas de las pandillas al ser violadas, sometidas a esclavitud sexual y obligadas a trasladar objetos prohibidos bajo amenaza de causar daño a sus familias, sus hijos e hijas o a ellas mismas, y ahora son víctimas del Estado.”
¿Intento de encubrimiento en la Fuerza Armada?
Gustavo Villatoro, el ministro de seguridad pública de Bukele, dio declaraciones sobre el caso de violación en Mizata solo después de que la denuncia de un grupo de trabajadores policiales lo llevó a la luz pública. Lo mismo pasó con la Fiscalía General. Nunca, dijo el ministro Villatoro, el gobierno tuvo intención de proteger a los soldados señalados.
“Nuestra responsabilidad es hacer justicia. Nosotros actuamos… No tuvimos a ningún oficial dentro del ejército que quisiera encubrir el hecho… ¿Cómo es posible que nosotros estemos realizando una guerra histórica necesaria para restablecer un estado de derechos y vamos a sustituir a ese régimen terrorista por una mala actuación”, dijo Villatoro a periodistas.
Lo cierto es que este y otros funcionarios de Bukele han desechado todas las denuncias sobre violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción. De los muertos en las cárceles han dicho que son causadas por enfermedades crónicas cuando hay denuncias documentas de que decenas de personas han muerto tras ser vapuleadas o porque se les negó atención médica apropiada.
En el caso de los soldados arrestados en La Libertad, el encubrimiento no fue posible porque, de acuerdo con el Movimiento de Trabajadores de la Policía, los agentes que hicieron las capturas se negaron a entregar a los militares a un grupo de abogados que el alto mando de la Fuerza Armada envió al lugar en el que estaban presos. De hecho, el caso fue público solo porque el MTP publicó la foto de los arrestos, algo que no hicieron ni la Fiscalía ni la PNC en sus redes sociales, como suelen cuando se trata de personas a las que acusan de pertenecer a pandillas.
René Merino Monroy, ministro de Defensa de Nayib Bukele, no se ha pronunciado sobre señalamientos de abusos sexuales cometidos por soldados y oficiales del ejército.
“Cuando los agentes detuvieron al sargento y a los otros soldados, un grupo de militares de alto rango de la Fuerza Armada estaban promoviendo que se les entregara a ellos el procedimiento, que ellos se iban a hacer cargo”, cuenta Marvin Reyes, del MTP. Los agentes destacados en La Libertad se negaron a ceder ante la presión y respondieron que tratarían a los soldados como “a cualquier delincuente”. Los oficiales militares insistieron.
“No les bastó a los oficiales y enviaron a un grupo de abogados, también de la Fuerza Armada, para tratar de que se les entregara a ellos el caso y a los militares detenidos”, relata Reyes. Una posibilidad importante si los agentes cedían, cree el policía, es que el ejército ocultara el caso y, simplemente, trasladara a los soldados implicados a otra localidad, en un patrón similar al que ocurrió dentro de la Iglesia Católica en miles de casos de sacerdotes y religiosos acusados de pederastia y abusos sexuales a menores.
Esa es la otra denuncia del MTP, que ya ha habido casos parecidos al de Mizata o Puerto El Triunfo en que las autoridades militares simplemente han echado la tierra bajo la alfombra para proteger a soldados y oficiales acusados de crímenes sexuales o de otra índole.
“Los militares querían ocultar este caso a toda costa porque el planteamiento de ellos es que la mancha que se liba a provocar a la institución castrense iba a ser difícil de quitar… Pero esto no es la forma, sino trabajar a lo interno para que esto no ocurra, porque se está generando demasiado exceso de fuerza amparado en el régimen de excepción”, dice Reyes.
Ni el presidente Bukele ni el ministro de Defensa, el vicealmirante René Merino Monroy, han hecho declaraciones sobre los señalamientos de violaciones y acoso sexuales que pesan sobre los soldados salvadoreños desplegados en todo el país durante el régimen de excepción. En otros casos, cuando captura a pandilleros de bajo rango o a adversarios políticos, el gobierno despliega fotos y declaraciones en su masivo aparato de comunicaciones y propaganda, que incluye un periódico financiado con fondos públicos, miles de cuentas en redes sociales y un canal de televisión estatal. En estos casos de abusos y violaciones sexuales a niñas y mujeres, silencio.
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