Los fantasmas de los asesinados por fuerzas policiales regresan al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández

Óscar Chinchilla (derecha), exfiscal general de Honduras, está acusado de proteger al expresidente Juan Orlando Hernández, juzgado por narcotráfico en Estados Unidos, y de tolerar grupos de sicarios en una unidad de investigación de élite.

Cuando Juan Orlando Hernández fue reelegido presidente de Honduras, en noviembre de 2017, la muerte salió a las calles. Miles de hondureños protestaron por una reelección que consideraban ilegal y unos resultados que, según la comunidad internacional, fueron fraudulentos. Hubo manifestaciones y protestas en las que al menos 34 personas murieronla mayoría, según los testimonios recabados entonces, a manos de agentes del Estado.

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La dirección del Departamento de Medicina Legal de Honduras, encabezada por Julissa Villanueva, realizó 27 autopsias, pero las autoridades de la fiscalía general sólo abrieron 8 expedientes de investigación por esas muertes, que pronto quedaron en el olvido. El fiscal general entonces fue Óscar Chinchillaa quien un Congreso simpatizante de Hernández había reelegido en 2018, también de manera irregular.

“Esas personas fueron asesinadas cuando se manifestaban… Fueron asesinadas por las fuerzas del orden”, dijo. Infobae Villanueva, quien hoy es viceministro de seguridad en el gobierno del presidente Xiomara Castro.

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Luego de los disturbios provocados por la reelección de Hernández, Medicina Legal documentó las circunstancias de las muertes e incluso aportó pruebas de la participación de agentes del Estado al MP encabezado por Chinchilla, pero no pasó nada.

Para 2017, cuando fue reelegido como presidente, Juan Orlando Hernández ya estaba en el centro de una investigación internacional por narcotráfico que involucraba a su hermano Juan Antonio. “Tony” Hernández, oficiales del ejército y de la policía, y varios de los narcotraficantes más violentos y destacados de Honduras. La mayor parte de estas investigaciones, dirigidas por agencias estadounidenses como la Administración para el Control de Drogas (DEA), no fueron públicas.

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Los casos de los manifestantes asesinados aparecen ahora en una lista de 10 expedientes de investigación que una comisión del Congreso de Honduras presentó a las nuevas autoridades del MP para determinar si Óscar Chinchilla, el exfiscal general, y su adjunto, Daniel Sibriantenía responsabilidad en el ocultación de esos asesinatos, de la ejecución de un agente fiscal que investigaba el entorno del expresidente Hernández y de varios de los casos que había destapado la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), quien estuvo en el país entre 2016 y 2021 y ayudó a preparar complejos expedientes penales por corrupción atribuida a políticos de todo signo, la mayoría del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández.

Miles de personas salieron a las calles para protestar en noviembre de 2017 contra la reelección ilegal del presidente Juan Orlando Hernández. Al menos 33 murieron, supuestamente a manos de agentes estatales.

Chinchilla dejó el cargo de fiscal general el 31 de agosto. Horas después, el exfuncionario partió hacia Nicaragua, donde la dictadura de daniel ortega ha protegido a varios políticos y burócratas centroamericanos acusados ​​de corrupción en sus países.

El Congreso hondureño, llamado a elegir un suplente al frente del Ministerio Público (MP), se estancó. La ley del país centroamericano establece un proceso de nominación de fiscal general que incluye evaluaciones por parte de una comisión proponente, integrada por abogados, miembros de la sociedad civil, académicos y representantes del Poder Judicial, y la formulación de una lista final de candidatos entre los cuales los diputados deben elegir al titular del MP.

En 2018, la ilegalidad en la reelección de Óscar Chinchilla, fiscal general de Juan Orlando Hernández, se produjo precisamente porque diputados afines al entonces presidente introdujeron el nombre de Chinchilla a última hora sin que apareciera en la lista de candidatos.

Actualmente, el partido LIBRE, liderado por la presidenta Xiomara Castro, no cuenta con los votos necesarios para elegir un fiscal general sin pasar por acuerdos con el Partido Nacional Hernández, ahora en la oposición. Ante esto, los partidarios de Castro optaron por una ruta alternativa posible por ley: formar una comisión legislativa con autoridad para elegir un fiscal general interino y un diputado, lo que ocurrió a principios de noviembre de este año. Los elegidos son los abogados. joel zelaya como jefe del MP y Mario Morazán como su adjunto, ambos cercanos al partido gobernante.

Los nombramientos de Zelaya y Morazán han sido criticados por el partido JOH y sus aliados, quienes incluso lo han calificado como un incumplimiento del orden constitucional. Estados Unidos, que alguna vez fue un aliado político del presidente Hernández, también ha criticado la selección del fiscal general interino. Pero también ha habido llamadas de alerta de gran parte de la sociedad civil hondureña, que han calificado esta elección como un ejemplo de autoritarismo por parte del presidente Castro y su entorno.

Lo cierto es que, por ahora, Zelaya, el nuevo fiscal general, ha emprendido acciones de investigación contra el entorno del expresidente Hernández y sus aliados políticos más cercanos, entre ellos Chinchilla y el exdiputado Sibrián, y ha asumido casos de alto impacto, como la masacre. de manifestantes en 2017 y altos expedientes de corrupción. A mediados de mes, policías capturaron, por órdenes del MP, Rocío TaboraMinistro de Hacienda durante la era Hernández, implicado en un caso de corrupción relacionado con la compra de hospitales móviles durante la pandemia de Covid-19.

El nuevo fiscal general también inició una purga de dirigentes leales a Chinchilla en el MP, incluido el traslado de Ricardo Castro, exjefe del Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)quien ha sido acusado de encubrir ejecucionesde tolerar una cultura de abuso sexual en el organismo e incluso permitir la existencia de un escuadrón de la muerte en el MP, el mismo que, según algunas investigaciones a las que ha tenido acceso Infobae, participó en la ejecución de un estudiante universitario y en el de un agente del MP que había investigado a la comitiva del expresidente Hernández por narcotráfico.

La ATIC y el agente asesinado

La lista de casos que la comisión legislativa entregó al nuevo fiscal general incluye la muerte de Sheril Yubissa Hernández Mancía, agente de la ATIC cuyo cuerpo fue encontrado en la occidental ciudad de Santa Rosa de Copán en junio de 2018. La primera y única versión que maneja el diputado de Chinchilla fue que Hernández Mancía se había suicidado por problemas económicos y personales. Los peritos forenses a cargo del caso, sin embargo, dijeron desde el principio que se trataba de un homicidio.

ricardo castroEl exjefe de la ATIC, defendió varias veces en público la versión del suicidio a pesar de que las pruebas forenses dejaban claro que el cuerpo de Hernández Mancía había sido manipulado post mortem, que la escena del crimen había sido alterada y que los hombres de la ATIC habían impedido El trabajo de los médicos forenses.

Dos investigaciones independientes posteriores determinaron que las dudas sobre la muerte de Hernández Mancía eran válidas y establecieron pistas sobre los motivos del crimen: el agente fiscal, asignado como investigador especial en Copán, había comenzado a escudriñar la relación entre el alcalde de un remoto pueblo con el narcotráfico y sus vínculos con Tony Hernández, hermano del presidente, además de la relación de políticos y funcionarios con la pandilla MS13.

Durante años, el exfiscal Chinchilla y su gente se encerraron en la versión suicida del agente Hernández Mancía y que se convirtió en la única verdad aceptada por el Ministerio Público de Honduras. Eso fue hasta principios de noviembre, cuando la comisión legislativa ordenó una investigación por la muerte de Hernández Mancía y el MP, ya al mando del fiscal interino Johel Zelaya, anunció que iba a revisar el caso, así la posibilidad de asesinato y encubrimiento quedó abierto.

Zelaya, el nuevo fiscal, anunció a principios de este mes varias cambios internos en el MP, que una fuente ministerial hondureña que dialogó con Infobae atribuyó a una purga para sacar a todos los cuadros leales al expresidente Hernández y al Partido Nacional. Ricardo Castro, por ejemplo, fue destituido por Zelaya de la ATIC, la poderosa unidad de investigación especializada, financiada en parte por Estados Unidos, lo que desató especulaciones en el MP de que Castro también sería investigado; Sin embargo, el ex titular de la ATIC fue designado como segundo al mando de la UFERCOla unidad especializada en investigaciones de gran corrupción, bajo cuya responsabilidad se encuentran algunos de los casos más relevantes de corrupción atribuidos al gobierno de Juan Orlando Hernández.

Agente que investigó a asociados del expresidente Juan Orlando Hernández. Sherill Yubissa Hernández Mancía.

En Honduras también persisten dudas sobre el alcance real del MP bajo el mandato de Johel Zelaya, el fiscal general interino. “La pregunta es si se va a investigar a todos por igual. ¿O simplemente va a hacer una caza de brujas contra el pueblo de Hernández mientras protege al entorno del presidente”, se pregunta un funcionario federal en Estados Unidos que sigue de cerca la evolución del gobierno de Xiomara Castro en Honduras.

Entre la sociedad civil hondureña existen muchas dudas sobre la legalidad de la elección de Zelaya. El 20 de noviembre, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a Gabriela Castellanosdirector del ANC, las elecciones “violan” las disposiciones constitucionales y atacan el sistema democrático de controles y equilibrios.

Lo cierto es que, por el momento, el Fiscal General Zelaya y los diputados oficialistas que lo designaron han iniciado investigaciones sobre casos de alto impacto que en su momento sacudieron al país centroamericano, como la masacre postelectoral de 2017 y el asesinato. de la agente Sheril. Hernández, quien hasta ahora languideció en la impunidad. Pero también es cierto que, hasta el momento, las nuevas autoridades del MP no hano han anunciado la apertura de casos que involucran a funcionarios cercanos al gobierno de Castrocomo las denuncias de que miembros de la fuerza pública designados en esta administración continúan teniendo relaciones con el narcotráfico y ejecuciones extrajudiciales.

El gobierno de Xiomara Castro también ha avanzado lentamente en la instalación de la llamada Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), una especie de fiscalía supranacional patrocinada por Estados Unidos que, de instalarse, tendría autonomía de las autoridades locales y capacidad para investigar casos de corrupción y delitos de alto impacto, incluidos los atribuidos a funcionarios actuales.

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