La CIDH calificó de “abuso de poder” el pedido de retiro de inmunidad a Arévalo por parte de la Fiscalía de Guatemala

La CIDH calificó de “abuso de poder” el pedido de retiro de inmunidad a Arévalo por parte de la Fiscalía de Guatemala (EFE).

El Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió este sábado a las recientes acciones del La oficina del fiscal de Guatemala contra el presidente electo Bernardo Arévalo y denunció que está ejerciendo un “abuso de su poder”sobre los integrantes del Movimiento Semilla.

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En un comunicado, la organización hizo un “llamado a cesar las acciones intervencionistas del Ministerio Público, que amenazan el orden democrático, la voluntad soberana de la población, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio de las libertades civiles y políticas”. .

Este viernes, el fiscal Ángel Saúl Sánchez, de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, formalizó su solicitud ante la Corte Suprema de Justicia para aprobar la retirada de inmunidad al presidente electo, Bernardo Arévalo de León; a su vicepresidenta, Karin Herrera; y al menos cinco diputados del partido, en el marco de una investigación que comenzó en 2022.

El MP apuntó a Arévalo, su vicepresidente, cinco diputados del Movimiento y unas 25 personas también señaladas en el caso 2022 (Europa Press)

El caso acusa a los acusados ​​de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias, supuestamente ocurridos durante la toma de la Universidad de San Carlos en Guatemala en abril del año pasado. Entonces, un grupo de estudiantes se rebeló contra el rector Walter Mazariegos, quien cometió fraude en las elecciones que lo hicieron ganador, y tomaron la sede de la institución.

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Arévalo apoyó esta iniciativa, por la que ahora es investigado.

Junto con el pedido, la Fiscalía allanó varias sedes del Movimiento y giró órdenes de aprehensión contra unas 25 personas, entre las que se encontraban exfuncionarios, políticos, estudiantes y profesores universitarios.

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Inmediatamente, el presidente electo denunció estos hechos como un “asalto a la democracia” y exigió “respeto a la seguridad e integridad de cualquier miembro del partido sometido a estos abusos”.

La excandidata a diputada, Marcela Blanco, fue detenida este jueves en el marco de los allanamientos ordenados por la fiscal Consuelo Porras (EFE)

También se expresó en apoyo el Organización de Estados Americanos (OEA) que sigue de cerca los intentos del oficialismo guatemalteco de impedir la investidura del 14 de enero y ha adoptado un papel activo en la gestión del traspaso de mando. En una resolución, el secretario general Luis Almagro Señaló que las acciones del Ministerio Público son “de carácter político, (…) distorsionan el proceso electoral y pueden afectar su resultado, por lo que Son absolutamente inadecuados para un sistema democrático.”.

Por su parte, líderes indígenas, quienes han demostrado ser fieles defensores de Arévalo, se pronunciaron en repudio a Consuelo Porras y la dirección de la Fiscalía y prometieron intensificar sus protestas, que comenzaron hace más de un mes y medio.

“Toda la información de conocimiento público ya no deja dudas sobre el proceso de golpe y las intenciones de silenciar todas las voces disidentes contra la corrupción y la cooptación del Estado”, declararon en un texto firmado por la entidad Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew.

Desde que Arévalo fue declarado ganador en la segunda vuelta en agosto pasado, frente a la ex primera dama Sandra Torres, el oficialismo ha hecho esfuerzos para impedir a toda costa su llegada al poder. Así, ya avanzó con la suspensión del partido, denuncias infundadas y hasta allanamientos a la sede del Tribunal Supremo Electoral que terminaron con la confiscación de las urnas electorales.

(Con información de EFE)

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